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Foro Mundial: Brasil no castigó a los torturadores de la dictadura
Criado em 11/12/13 20h00
e atualizado em 12/12/13 08h16
Por Carolina Sarres
Edição:Marcos Chagas / Lícia Marques
Fonte:Agência Brasil
Brasilia – Hay que indemnizar a las familias de las víctimas de actos del Estado en regímenes autoritarios a favor de la promoción de la justicia. Esta fue la principal conclusión del debate sobre la justicia transicional en Brasil, que tuvo lugar este miércoles (11) en el Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH), en Brasilia.
Justicia transicional es el sistema de transición de regímenes autoritarios y centralistas hacia la democracia. En esos casos, donde hay violación de derechos humanos –como tortura, desaparición forzada y secuestro–, la consolidación de la democracia presupone la recuperación de la verdad, el respeto a la memoria, la indemnización de las víctimas y la promoción de la justicia.
Para la representante de la Comisión Nacional de la Verdad, Rosa Cardoso, Brasil dio énfasis a la indemnización de las víctimas, pero no condenó a los culpables, especialmente debido a la Ley de Amnistía, la cual concedió el indulto de forma irrestricta a los autores de violaciones. Ella coordina grupos de trabajo dedicados a estudiar el período militar brasileño, a través del análisis de aspectos de la persecución política y la represión.
Cardoso explicó que "el Estado quiso comprar el silencio de las víctimas. Hubo inercia por parte de la sociedad al examinar, recordar, juzgar y castigar el pasado de brutalidad. Solo después de muchas luchas se formaron comisiones de reparación y la Comisión Nacional de la Verdad, destacándose la actuación de las familias y los parientes. Los resultados son individuales, y se construyen por medio de un trabajo artesanal. Eso requiere mucha persistencia y lucha por parte de las víctimas y familiares".
Un ejemplo de ello fue el caso del exmilitante de la Acción Libertadora Nacional, Arnaldo Cardoso Rocha, asesinado por agentes de la dictadura en 1973, según comprobó un informe pericial presentado en el foro este miércoles (11). Según la versión oficial de su muerte, él habría sido alcanzado por un balazo tras intercambiar disparos con los militares. Con la exhumación de sus restos mortales, se comprobó que él fue torturado y asesinado con más de 15 disparos.
Para la esposa de la víctima, Iara Pereira, aún hace falta castigar a los responsables del crimen y descubrir las circunstancias de la muerte.
El juez español Baltasar Garzón declaró que "el derecho a la verdad, reparación y no repetición es un principio que debe respetarse. La protección a ese derecho sigue siendo muy cuestionada. Hay países que no aceptan la realidad y la actualidad de ese principio".
El magistrado es conocido por actuar en casos de protección a víctimas de regímenes autoritarios, y emitió una orden de arresto contra el exdictador de Chile, Augusto Pinochet.
Para Garzón, en el caso de Latinoamérica, el mejor instrumento de protección de esos derechos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace poco condenó Brasil por hechos ocurridos en la dictadura militar y determinó que el gobierno adoptara una serie de medidas para aclarar los hechos y dar con el paradero de los desaparecidos. Fue en ese contexto que se creó la Comisión de la Verdad.
Según él, "comisiones de la verdad están funcionando o van a funcionar, pero tiene que haber justicia. Las comisiones y la justicia deben actuar de manera complementaria. El sistema judicial tiene que dar una respuesta a esas cuestiones y cumplir con el papel que le corresponde, de lo contrario, debe ser cuestionado".
Para Rosa Cardoso, representante de la comisión brasileña, el paradigma de no judicialización de los casos de violación de derechos humanos en Brasil tiene que ser superado, y la interdependencia entre la verdad y la justicia –dos de los cuatro presupuestos de la justicia transicional– todavía necesita ajustes.
Según ella, la Ley de Amnistía debe ser reinterpretada para que se condenen a los culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Brasil entre 1964 y 1985. Se calcula que, en el período, más de 50 000 personas fueron detenidas por motivaciones políticas.
Otra participante en el debate "Derecho a la Memoria, a la Verdad y a la Justicia" fue la presidenta de la organización no gubernamental Abuelas de Mayo, Estela Carlotto, aplaudida de pie por los asistentes al Foro y por la mesa de debatidores.
La ONG reclama informaciones sobre los nietos e hijos desaparecidos durante el período militar en el país, sobre todo entre 1976 y 1983. La estimación de la organización es que unas 30 000 personas hayan sido asesinadas y unos 500 bebés robados.
Estela Carlotto dijo que "Ante el dolor de la desaparición forzada de un familiar querido, en lugar de quedarnos quietas, llorando, con miedo, salimos a buscarlo. Y hoy buscamos a dos generaciones: nosotras [abuelas], somos madres dos veces".
Ella es abuela de un niño nacido en una cárcel clandestina. Su nieto está desaparecido hasta hoy, y este año cumpliría 35 años de edad. Carlotto agregó: "Esta lucha, que hace con que no tengamos vida, que abandonemos nuestro trabajo y nuestra familia, es un compromiso que queremos dejar al mundo, modestamente, para que esas historias no se repitan. La justicia con relación a los culpables no es venganza, no es odio, es un derecho. Y eso no podemos dejar de exigirlo".
Edición: Marcos Chagas / Lícia Marques
Traducción: Lucas Magdiel
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