Notícias [1]

Comisión Nacional de la Verdad recomendará que agentes respondan en juicio por crímenes de la dictadura

Criado em 22/05/13 14h27 e atualizado em 23/05/13 10h32
Por Luciano Nascimento y Luana Lourenço Edição:Carolina Pimentel / Aécio Amado / Talita Cavalcante / Fábio Massalli / Lícia Marques Fonte:Agencia Brasil

Brasilia – Agentes sospechosos de haber cometido crímenes durante la dictadura militar podrán ser legalmente responsabilizados. La Comisión Nacional de la Verdad (CNV) anunció este martes (21), al divulgar el balance de un año de actividades, que hará esta recomendación, de acuerdo con tratados internacionales que clasifican crímenes de lesa humanidad, tortura y asesinato por razones religiosas, raciales o políticas.

La Coordinadora Rosa Cardoso dijo que “es de la naturaleza de la Comisión aceptar los principios internacionales de los derechos humanos y, entre estos principios, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y vamos a recomendar que estos casos se sometan a una jurisdicción internacional”, pero descartó la posibilidad de que la Comisión proponga la revisión de la Ley de Amnistía. “Quien debe proponer eso es la sociedad civil”, argumentó.

La CNV desmintió que la tortura se haya practicado en respuesta a la lucha armada en 1969. “La práctica de tortura en Brasil, como técnica de interrogatorio en los cuarteles es anterior al periodo de la lucha armada, ella empezó a practicarse en 1964”, dijo la historiadora Heloísa Starling, asesora responsable de sistematizar las informaciones averiguadas por la Comisión. “Lo que hay que percibir es que, al contrario de lo que suponía una gran parte de nuestra bibliografía, la tortura fue introducida como modelo de interrogatorio en los cuarteles en 64 y culminó en el 69”.

La Comisión reveló también que la Marina brasileña ocultó informaciones acerca de asesinatos que ocurrieron durante la dictadura militar.

En 1993, el entonces presidente Itamar Franco determinó al Ministro de Justicia, Mauricio Corrêa, que averiguara con la Marina, Ejército y Aeronáutica, acerca de los desaparecidos en la dictadura militar.

La CNV logró identificar 12.072 documentos del Centro de Información de la Marina (CENIMAR) acerca de 11 desaparecidos y cruzó datos con las respuestas dadas al gobierno de Itamar Franco.

Según la Comisión, un documento de diciembre de 1972 trataba de la muerte del ex diputado Rubens Paiva. En 1993, la Marina presentó al Congreso Nacional, al Ministerio de Justicia y a la Presidencia de la República la versión oficial de que la ubicación de Paiva era desconocida ya que él habría huido cuando estaba preso en el DOI-CODI (sigla en portugués para el Departamento de Operaciones de Informaciones y el Centro de Operaciones de Defensa Interna) del 2º Ejército, en Río de Janeiro.

“El primer resultado parcial [de la Comisión] es el hecho de que la Marina de Brasil deliberadamente ocultó informaciones al Estado brasileño, ya en el periodo democrático. La importancia de este documento es que indica que existen, en la Marina de Brasil, 12 mil páginas acerca de los 11 desaparecidos que presentamos”, afirmó Eloísa Starling.

Según la CNV, el cruce entre las respuestas de las Fuerzas Armadas y los documentos obtenidos durante la investigación mostró que la Marina ocultó las muertes. “El CENIMAR fue uno de los organismos más feroces de represión en la dictadura. Es una lista muy extensa de las informaciones que la Marina tenía acerca de las personas. Se sabía que estaban muertas”, dijo la historiadora.

Además, el uso de la violencia política permitió al régimen construir un Estado sin límites represivos, según la Comisión. “La tortura se tornó la fuerza motriz de la represión en Brasil. Y llevó a una política sistemática de asesinatos, desapariciones y secuestros”.

Investigaciones hechas por la CNV muestran que, sólo en el año de 1964, cerca de 50 mil personas fueron arrestadas en operaciones en los estados de Guanabara (actual Río de Janeiro), Minas Gerais, Pernambuco, Río Grande do Sul y São Paulo; también se efectuaron prisiones colectivas en barcos cárceles, y hubo la identificación de 36 centros de tortura en siete estados, incluso en la Universidad Federal de Pernambuco y en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ). “Identificamos que las personas fueron presas dentro de los campus [sic] de la universidad y las prácticas de violencia ocurrieron dentro del campus”, dijo Heloísa Starling.

Ella afirmó también que la Comisión está a camino de eliminar la hipótesis de que la tortura fue practicada sin el consentimiento del alto rango militar, y presentó un organigrama de 1970, año de creación del Centro de Operaciones de Defensa Interna (CODI), que muestra que los altos rangos del Ejército, Marina y Aeronáutica sabían lo que ocurría en el organismo.

Toda la bibliografía, según Heloisa Starling, indica que la estructura de mando va al segundo nivel, donde están el Centro de Información de la Aeronáutica (CISA), el Centro de Información del Ejército (CIE) y el Centro de Información de la Marina. “Es muy poco probable que el General Médici [presidente Emílio Garrastazu Médici] no recibiera informaciones de su ministro más importante, que era el Ministro del Ejército, Orlando Geisel”, afirmó.

La CNV tiene como objetivo aclarar los hechos, pero no tiene un carácter punitivo, y también utiliza informaciones producidas hace 17 años por la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, y hace 11 años por la Comisión de Amnistía.

Según los datos revisados por la CNV, 268 testimonios (de víctimas, testigos y agentes de la represión de la dictadura cívico-militar de 1964 a 1985) fueron tomados en este primer año de actividades.

Se escucharon a 207 testigos y víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cometidas durante el período de análisis de la Comisión Nacional de la Verdad (1946-1988). De los testimonios, 59 se tomaron en entrevistas reservadas, y 148 durante las audiencias públicas realizadas por la Comisión en las cinco regiones del país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur.

Hasta ahora, la CNV realizó 15 audiencias públicas y una toma pública de testimonios, del concejal Gilberto Natalini, y de dos agentes de la represión, Marival Chaves y Carlos Brilhante Ustra. Se escucharon, en audiencias privadas, a otras 35 personas que estuvieron directamente involucradas o que conocían las prácticas utilizadas por el régimen para violar derechos humanos. De este total, 13 testificaron bajo convocación.

Entre los avances de la Comisión Nacional de la Verdad, están las investigaciones sobre la desaparición del ex diputado Rubens Paiva, la corrección del acta de defunción del periodista Vladimir Herzog y las investigaciones sobre la muerte del ex presidente João Goulart (Jango), la Operación Cóndor y las violaciones de derechos cometidas contra los indígenas durante la dictadura militar.

La Amnistía Internacional sugirió a la CNV una reunión pública para escuchar a la presidenta Dilma Rousseff, y también que Brasil podría repetir la experiencia de Sudáfrica, donde los testimonios fueron emitidos en programas de radio y televisión.

Para la entidad, Brasil tiene una “oportunidad única de romper con los patrones de violaciones de derechos humanos que persisten en muchas instancias del Estado en el país”, y el informe final debe contar con contribuciones a las políticas públicas, además de servir de base para los procesos judiciales en los cuestionamientos hechos a la Ley de Amnistía.

Edición: Carolina Pimentel / Aécio Amado / Talita Cavalcante / Fábio Massalli / Lícia Marques
Traducción: Alicia Rachaus/Leonardo Vieira